Armengol echa a 3.800 celadores por no saber catalán tras perdonar este requisito a los médicos
En la lista de aspirantes a cubrir una plaza de celador hay más excluidos por no tener el certificado de catalán que admitidos
Armengol ‘perdona’ ahora el requisito del catalán a los médicos ante la grave falta de profesionales
Armengol se queda sin auxiliares disponibles para el área de Salud tras echar a 1.700 por no saber catalán
Baleares expulsa a otros 1.692 auxiliares administrativos de la sanidad por no acreditar el catalán
El Govern balear de izquierdas de la socialista Francina Armengol se ensaña con los celadores tras haberse visto obligado a eximir del requisito del catalán a los médicos de familia ante el grave déficit de profesionales. Ahora, la Conselleria de Salud que preside la socialista Patricia Gómez ha echado a 3.800 celadores de la convocatoria para confeccionar el bolsín de interinos destinado a cubrir de forma temporal las vacantes que van surgiendo. El motivo de la excusión de estos 3.800 celadores es que no han presentado el certificado que acredita el conocimiento de la lengua catalana.
En las listas de admitidos y excluidos firmada por el director general de Salud, Julio Miguel Fuster, aparecen más excluidos por no saber catalán que admitidos. Son concretamente 3.800 excluidos frente a 2.900 admitidos.
En la resolución del Servicio de Salud se explica que para esta convocatoria es de aplicación la ley 4/2016 de 6 de abril donde se fija que el conocimiento del catalán es un requisito para acceder a cualquier empleo en la Administración Autonómica cuando hasta aquel momento, cuando gobernaba el PP, era sólo un mérito.
La imposición de este requisito se ha convertido a la postre en un problema para el Govern balear que integran el PSOE, Podemos y los independentistas de Més. En varias ocasiones la Conselleria de Salud se ha visto obligada a olvidarse del requisito del catalán para poder cubrir plazas consideradas imprescindibles como fue el caso de los oncólogos en el Hospital de Ibiza o, ahora, las de médicos de familia en los centros de salud.
Tampoco se exigió el requisito del catalán para cubrir una serie de vacantes en enfermería ni para médicos de Urgencia en Ibiza. Donde al parecer hay menos urgencia es en la creación del bolsín de interinos para ocupar un puesto de celador en los centros de salud y hospitales públicos de Baleares.
Aparte de los celadores también están sufriendo las consecuencias de la imposición del catalán los auxiliares administrativos del Servicio de Salud. A finales de abril, la Conselleria de Salud se quedó sin auxiliares disponibles tras agotar la lista de interinos y después de haber echado a 1.700 aspirantes a estos puestos de trabajo por no tener el certificado de catalán. Ante la situación de emergencia, el Govern no tuvo más remedio que ampliar el bolsín de interinos pero lo hizo volviendo a exigir el certificado de catalán, lo que augura más problemas para cubrir todas las vacantes.
Como desveló OKDIARIO el pasado 3 de marzo, en una resolución del director general del IB-Salut, Juli Fuster, firmada el 23 de febrero de este año, aparecieron las listas de los admitidos para formar parte de estos bolsines de interinos y casi 1.700 candidatos, 1.692 concretamente, fueron excluidos por no presentar el título que certifica el conocimiento de la lengua catalana.
La lista con aspirantes que presentaron el certificado de catalán se agotó y se tuvo recurrir a la denominada lista subsidiaria, la de suplentes, donde también se exige el nivel B-1 de catalán.
En esta ocasión no hubo excepciones a pesar de la falta de personal como sí había hecho tres meses antes para cubrir plazas de enfermería. Ante la crisis sanitaria en las Islas, derivada de la pandemia, el Servicio de Salud decidió, como se recoge en una resolución del 11 de enero, eximir del requisito del catalán para acceder a una plaza de enfermera o enfermero.
Se trató entonces de una decisión arbitraria de la Conselleria de Salud puesto que el Govern integrado por PSOE, Podemos y los independentistas de Més aplica por lo general la ley aprobada por el anterior pacto en 2016, y sus correspondiente decretos, que establece como requisito saber catalán para acceder a una plaza en la Administración autonómica. Lo mismo ha sucedido ahora con los médicos de familia.